Varias redes eclesiales latinoamericanas presentan una reflexión sobre las condiciones necesarias para que el diálogo en territorios afectados por el extractivismo sea un camino de justicia, participación y cuidado de la Casa Común.
Por Julio Caldeira IMC *
Las comunidades afectadas por actividades extractivas enfrentan contaminación, desplazamientos, vulneración de derechos y diversas formas de violencia. Ante esta realidad, Iglesias y Minería, la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), Pax Christi Internacional, la Red Gran Chaco y Acuífero Guaraní (REGCHAG), la Red Eclesial Mesoamericana (REMAM) y la Comissão Brasileira Justiça e Paz (CBJP) elaboraron el documento “Diálogo justo y en equidad para la transformación de conflictos”.
La reflexión recoge experiencias pastorales de acompañamiento a comunidades y propone revisar el concepto de diálogo cuando existen profundas desigualdades entre empresas, gobiernos y poblaciones locales.
Seis condiciones para un diálogo justo
Las redes identifican seis condiciones fundamentales:
1. Reconocer las asimetrías de poder. No todos los actores tienen los mismos recursos, información ni capacidad de decisión. Estas diferencias deben ser reconocidas para garantizar una participación realmente justa.
2. Garantizar la voz de las víctimas. La Iglesia está llamada a acompañar y defender la dignidad de las comunidades más vulnerables, desde la opción preferencial por los pobres.
3. Dar autoridad y capacidad de propuesta a las comunidades. No basta con escucharlas; deben tener una participación efectiva en las decisiones. La perspectiva de la ecología integral invita también a escuchar el clamor de los ecosistemas y de la naturaleza.
4. Asegurar transparencia e información. Las comunidades necesitan información accesible para conocer los impactos de los proyectos y defender sus derechos, incluyendo mecanismos como el consentimiento libre, previo e informado.
5. Llevar el diálogo al territorio. Los procesos deben desarrollarse allí donde las comunidades viven los impactos, defienden sus territorios y buscan respuestas de prevención, reparación y mitigación.
6. Fortalecer las leyes y el control empresarial. El respeto de los derechos humanos y socioambientales requiere instituciones públicas eficaces, mecanismos de supervisión y responsabilidad empresarial.
Una Iglesia que escucha desde los territorios
La propuesta tiene como eje la sinodalidad, entendida como escucha, corresponsabilidad y discernimiento. Las redes consideran que la Iglesia está llamada a escuchar especialmente a las comunidades que viven en las periferias y acompañar sus procesos de defensa de la vida.
El documento también recupera la propuesta del papa Francisco de un “multilateralismo desde abajo”, que acerque las decisiones a los territorios y reconozca el protagonismo de quienes los habitan y cuidan.
Para estas redes, dialogar no significa solamente reunir a los diferentes actores alrededor de una mesa. Significa crear condiciones para que quienes tienen menos poder puedan participar, ser escuchados y defender sus derechos.
Así, el diálogo justo se presenta como un camino de sinodalidad, justicia socioambiental, defensa de los pueblos y cuidado de la Casa Común.
